- La ministra Aurora Vergara Figueroa aseveró la necesidad de que las escuelas sean entornos protectores y seguros y el centro de la vida comunitaria donde los niños, niñas y adolescentes puedan desarrollarse y formarse integralmente.
- En Colombia, durante 2023 más de 13.000 personas fueron afectadas por algún tipo de evento realizado por actores armados que puso en peligro su vida o integridad en establecimientos educativos o de camino a las escuelas, en el 90% de los casos fueron estudiantes los afectados, según cifras del Consejo Noruego para Refugiados.
Arauca (Arauca), 20 de diciembre de 2023. La ministra de Educación, Aurora Vergara Figueroa, presentó hoy en Arauca, junto con el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Plan de Acción Nacional de la Declaración sobre Escuelas Seguras en zonas de conflicto que busca garantizar la continuidad de la educación de la niñez, la adolescencia y la juventud; y fortalecerá la protección del derecho a la educación.
«Las escuelas deben ser entornos protectores y seguros, el centro de la vida comunitaria donde los niños, niñas y adolescentes puedan desarrollarse y formarse integralmente. Como Gobierno instamos a que todas las rutas a las escuelas sean caminos, entornos de paz y reconciliación por una niñez feliz y protegida», expresó la ministra Aurora Vergara.
«Somos conscientes de los grandes desafíos que se han presentado para continuar con el curso de los espacios educativos que constantemente se interrumpen. Por lo tanto, en nombre del Gobierno emprendemos con determinación las acciones que sean necesarias para la implementación del plan, dirigidas a proteger a los niños, niñas y adolescentes que se ven afectados por situaciones de violencia», expresó la Directora de Derechos Humanos y DIH del Ministerio de Relaciones Exteriores, Claudia Teresa Cáceres.
Durante el evento, se dieron a conocer datos recolectados por el Consejo Noruego para Refugiados (NRC), informe que señala que en 2023, se registraron en Arauca nueve eventos en los municipios de Arauquita, Puerto Rondón, Saravena y Tame, donde salieron afectados 1.173 personas, 95% de ellos estudiantes. En el 66% de los casos, los ataques a la educación ocurrieron en el camino entre el hogar y la escuela, por la presencia y sospecha de minas antipersonal, munición sin explosionar, trampas explosivas y artefactos explosivos improvisados.
En Colombia, persisten los ataques contra instituciones educativas, estudiantes y el personal. Entre enero y noviembre de 2023, según el Consejo Noruego para Refugiados, al menos 13.311 personas (93% estudiantes) se vieron afectadas por 77 eventos en 10 departamentos que amenazaron su vida o integridad en escuelas o en el trayecto hacia estas, siendo el 58% en el camino a la escuela y el 42% dentro de la escuela. La mayoría de los ataques, han estado relacionados con minas antipersonal, municiones sin explosionar y ataques directos a las escuelas.
«Aquí se nos abre una oportunidad como país para que la educación y la paz se materialicen como un mismo proyecto, que toda la ciudadanía tenga presente que cada escuela necesita reflejar la dignidad de los estudiantes. Vamos a desarrollar las acciones correspondientes para implementar los compromisos de todos los actores y entender el momento histórico que vive el país», manifestó la Ministra.
Así, el Estado Colombiano se adhirió a la Declaración sobre Escuelas Seguras iniciativa que surgió como un compromiso de diferentes Estados en conferencia celebrada en Oslo, Noruega para la protección de escuelas como territorios de paz. Actualmente, se han adherido 118 países a esta Declaración que para su implementación se estableció un Plan de Acción Nacional sobre Escuelas Seguras con el concurso de distintas entidades del orden nacional.
Es necesario resaltar que se contó con la colaboración de 22 entidades del Gobierno Nacional que hacen parte de la Comisión Intersectorial de Prevención del reclutamiento, uso, utilización y violencia en contra los niños, niñas y adolescentes (CIPRUNNA), el Comité Internacional de la Cruz Roja en Colombia y el Equipo Especial de la Resolución No.1612 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Previo a este evento, el borrador del Plan de Acción fue socializado con organizaciones de la sociedad civil.
Además, para este propósito participan también la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario (DIH), el Ministerio de Defensa Nacional, el Ejército, la Policía, Infantería de Marina, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Educación Nacional, la Defensoría del Pueblo, el Departamento Nacional de Planeación, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la Unicef, el Consejo Noruego, Save the Children, Acción Humanitaria, la Universidad Nacional, el Alto Comisionados para la paz, alcaldías y gobernaciones, Defensoría del Pueblo, la OIM, la Procuraduría General y la Embajada de Noruega, entre otros.
«El principal logro de este plan es articular una fuerza institucional tan poderosa, donde todos estemos comprometidos desde diferentes niveles para que este plan empiece a materializarse en todo el país y trabajemos unidos para que las trayectorias educativas completas y por eso también nos produce mucha satisfacción que la Universidad en tu Territorio esté llegando al Arauca a través de la Universidad Nacional con programas que respondan a las necesidades de los territorios y de los jóvenes», concluyó la jefe de la cartera educativa.
Actividades del Plan de Acción
Este documento plantea nueve acciones a desarrollar que se consagran de la siguiente manera: identificar las Escuelas e Instituciones de Educación Superior que se han visto afectadas por el conflicto armado. Implementar programas de capacitación con talleres, mesas de trabajo y con comunidades para la identificación, prevención, reducción y respuesta a los riesgos que ponen en peligro o amenazan el derecho a la educación de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en contextos de conflicto.
De otro lado, fortalecer la infraestructura y dotación de instituciones educativas que se encuentren con afectación, para la generación de entornos protectores y seguros. Generar acciones de educación para la prevención frente al riesgo de minas. Desarrollar directrices para la prevención del uso militar de escuelas e IES. Promover mecanismos de reporte y seguimiento, así como la cooperación sobre la implementación de la Declaración sobre Escuelas Seguras.
Igualmente, el Plan prevé la implementación de mecanismos de investigación ante las denuncias sobre infracciones de las normas nacionales e internacionales aplicables en materia de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Así mismo, establecer herramientas para dar asistencia y atención a las víctimas de los ataques ocasionados a escuelas e instituciones de educación superior, sin discriminación alguna.
Por otraparte, se desarrollarán mesas de trabajo con los entornos protectores (estudiantes, docentes, familias y comunidad) para que participen en procesos de pedagogía y aporten con sus experiencias y vivencias.
Con actividades inmediatas que se deberán adoptar desde cada una de las entidades, las acciones propuestas sientan las bases para cumplir con los compromisos de implementación de la Declaración.
En la presentación del Plan de Acción en Arauca se contó además con la presencia de representantes del Ministerio de Defensa; el gobernador (e) de Arauca, Willinton Rodríguez Benavides; el secretario de Educación, Marceliano Guerrero Alvarado, funcionarios, comunidad educativa y organismos de cooperación internacional y local.
Así, bajo el liderazgo del Presidente Gustavo Petro, el Gobierno reafirma su firme compromiso con la continuidad de la educación en cada rincón del país, asegurando a niños, niñas y jóvenes el pleno ejercicio de su derecho a acceder a una educación de calidad y pertinente para su formación integral y desarrollo personal a lo largo de su trayectoria de vida.
